El aumento de los fraudes en los servicios de pago constituye una preocupación prioritaria para los supervisores, por afectar a la confianza en el sistema financiero. Según el reciente Informe de fraude en los pagos del BCE y EBA, este tipo de fraude alcanzó en 2024 los 4.200 millones de euros en el Espacio Económico Europeo, con un incremento anual del 17%. Los usuarios de servicios de pago asumieron el 85% del total de las pérdidas por fraude en las transferencias, frente al 38% de las pérdidas derivadas de los pagos con tarjeta.
Según esta misma fuente, la manipulación del ordenante representa más de la mitad del valor total de las transferencias bancarias fraudulentas. Entre las técnicas empleadas destacan el phishing (por correo electrónico), el vishing (por teléfono) o el smishing (por SMS). Estas comunicaciones forman parte de estrategias de suplantación de identidad que imitan mensajes legítimos para obtener datos que permiten realizar operaciones de pago no autorizadas en perjuicio del cliente.
Un dictamen de la Autoridad Bancaria Europea, de 29 de abril de 2024, considera que la mayor tasa de fraude puede deberse a la baja probabilidad de que los proveedores de servicios de pago recuperen los fondos en caso de pagos instantáneos fraudulentos, dado que dichos pagos se ejecutan en menos de 10 segundos, lo que puede hacer que los pagos instantáneos resulten más atractivos para los estafadores. Según este dictamen, el fraude podría mitigarse con un nuevo marco de gestión del riesgo que incluya el intercambio de información sobre fraude entre los proveedores de servicios de pago y la implicación de los proveedores de servicios de comunicaciones.
Fraude: por qué recae sobre el usuario
En opinión de EBA, la falta de una delimitación clara entre transacciones autorizadas y no autorizadas da lugar a una aplicación divergente de las normas de responsabilidad en los distintos Estados miembros. A su vez, la interpretación amplia que se hace del concepto de «negligencia grave» también puede explicar por qué un gran porcentaje de las pérdidas en caso de transferencias fraudulentas recae sobre el usuario. Es habitual que los proveedores de servicios de pago consideren autorizadas todas las transacciones autenticadas (SCA), incluso en caso de fraude por ingeniería social, y denieguen el reembolso a los clientes.
El Banco de España considera que la valoración de un posible vicio en el consentimiento en los fraudes de pagos queda fuera de sus competencias. A su vez, la denuncia en comisaría determina que se inadmitan las reclamaciones, abriendo la puerta a la judicialización de los fraudes en los servicios de pago.
Criterio del Banco de España
En el Compendio de criterios de buenas prácticas bancarias, el Banco de España considera que constituye indicio de fraude la tardanza en la reclamación o la reticencia del cliente a aportar determinada documentación necesaria para la gestión de su solicitud de devolución. En este ámbito, ve razonable que las entidades requieran a sus clientes la presentación de un formulario en el que faciliten determinados datos relativos a la operación de pago controvertida, así como la aportación de la denuncia policial.
Si durante la tramitación del expediente las entidades realizan algún abono interino, deben advertir del carácter provisional del abono, admitiendo el eventual cargo posterior, tras quedar comprobada la correcta autenticación de las operaciones, y aportada la oportuna documentación acreditativa.
En la Memoria de reclamaciones de 2025, el Banco de España califica como operación autorizada por el cliente aquellas en las que el cliente facilita las claves o cuando hay falta de diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones de custodia.
En las operaciones autorizadas por el ordenante mediante engaño, el Banco de España indica que el cliente “deberá acudir a las autoridades policiales y/o ante las autoridades de consumo o los tribunales, según los casos, que son quienes pueden determinar los hechos y sus consecuencias jurídico-patrimoniales mediante los medios de prueba legalmente admitidos.” Estos criterios deberían revisarse a la luz de la nueva jurisprudencia europea.
Fraude, nueva jurisprudencia
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 15 de octubre de 2026 refuerza la seguridad jurídica de los pagos digitales al aplicar el principio solve et repete (paga y repite) a la obligación de devolución inmediata en los casos de operaciones de pago no autorizadas por el cliente. Por primera vez, el TJUE se pronuncia sobre las excepciones que puede oponer el banco al reembolso inmediato de las operaciones no autorizadas. La resolución confirma que un proveedor de servicios de pago no puede negarse a devolver inmediatamente el importe de una operación de pago no autorizada por entender que el ordenante hizo posible tal operación al cometer una negligencia grave.
La “negligencia grave del ordenante” es un concepto jurídico indeterminado que las entidades utilizan para denegar la devolución inmediata de los importes transferidos como consecuencia de un engaño. Pero según la reciente sentencia del TJUE, hacer recaer sobre los consumidores la carga de acudir a los tribunales para recuperar los fondos sustraídos mediante engaño resulta contrario al buen funcionamiento del sistema de pagos y al objetivo de la Directiva de servicios de pagos (PSD2) de garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores.
Una excepción
En este sentido, el TJUE declara que “un proveedor de servicios de pago no puede negarse a devolver inmediatamente a un ordenante el importe de una operación de pago no autorizada por entender que dicho ordenante hizo posible tal operación al cometer una negligencia grave incumpliendo las obligaciones que le incumben”.
La única excepción se produce cuando el banco tiene indicios claros de fraude cometido por el propio cliente, no por un tercero, y los comunica previamente al Banco de España. Son las entidades las que disponen de medios y recursos para intentar recuperar los fondos frente a los responsables del fraude.
A la luz de esta sentencia, se plantea la revisión de los procedimientos internos y de gestión de los litigios derivados del phishing y de otros fraudes de ingeniería social, así como de los procedimientos de recuperación de los fondos sustraídos.
Propuesta de reforma legal
Existe un acuerdo interinstitucional del 17 de abril de 2026 para aprobar la propuesta de la Comisión Europea de una nueva Directiva de Servicios de Pago (PSD3), que viene acompañada de un Reglamento de Servicios de Pago (PSR).
Según la propuesta de reglamento, en caso de una operación de pago no autorizada, el proveedor de servicios de pago deberá devolver inmediatamente el importe de dicha operación al ordenante, si bien, alterando la doctrina actual, cuando haya una sospecha fundada de que una operación no autorizada es el resultado de una conducta fraudulenta del ordenante y la sospecha se funde en motivos objetivos comunicados a la autoridad nacional, el proveedor tendrá la posibilidad de efectuar, en un plazo de catorce días hábiles, una investigación antes de devolver el importe al ordenante.




























