El análisis comparado de los sistemas de pensiones resulta de particular relevancia para el asesor financiero en un contexto global marcado por el envejecimiento poblacional, la transformación del mercado laboral y las tensiones fiscales que enfrentan los Estados. En este artículo, Nuria Noguerón profundiza de forma amena en los cinco modelos mayoritarios que nos ayudan a entender la complejidad del reto de las pensiones.
Con el fin de abordar estas problemáticas, el Banco Mundial propuso en su informe Averting the Old Age Crisis (1994) un modelo estructurado en múltiples pilares, cuya finalidad era garantizar la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones, ampliar la cobertura social y asegurar la protección contra la pobreza en la vejez. El esquema original constaba de tres pilares que integraban seguridad pública, ahorro privado obligatorio y mecanismos voluntarios de financiación. En 2005, este enfoque fue revisado y ampliado con la incorporación de dos pilares adicionales, lo que dio lugar a un marco de cinco dimensiones, más adaptable a los distintos contextos socioeconómicos y a los desafíos de sistemas con una elevada informalidad laboral.
Pilar 1: Sistema público de reparto de pensiones (obligatorio)
El primer pilar corresponde a los sistemas tradicionales de pensiones de carácter público y obligatorio, financiados mediante cotizaciones de los trabajadores y, en determinados casos, con aportes fiscales complementarios. Su funcionamiento es de reparto intergeneracional, puesto que las contribuciones de los trabajadores activos financian las prestaciones de los jubilados actuales.
La principal virtud de este modelo reside en su capacidad de reducir el riesgo de pobreza en la vejez y garantizar un ingreso básico a toda la población cubierta. Sin embargo, se enfrenta a importantes dificultades de sostenibilidad debido a los cambios demográficos —especialmente el aumento de la longevidad y la reducción de la tasa de natalidad— que alteran la relación entre cotizantes y beneficiarios (Barr & Diamond, 2008). Ejemplos: España, con un sistema contributivo de reparto gestionado por la Seguridad Social. O Países Bajos, con la pensión básica AOW. O Canadá, con el programa Old Age Security (financiado mediante impuestos generales).
Pilar 2: Sistema obligatorio de capitalización individual
El segundo pilar mantiene la obligatoriedad, pero bajo un mecanismo de capitalización individual. Cada trabajador acumula sus propias contribuciones en cuentas personales, habitualmente gestionadas por entidades privadas bajo regulación pública. La pensión futura se determina en función del capital acumulado y de la rentabilidad obtenida por las inversiones.
Este pilar tiene la ventaja de reducir la dependencia del sistema respecto a las dinámicas demográficas, pero introduce vulnerabilidad frente a los riesgos de mercado y puede acentuar la desigualdad, ya que las pensiones dependen de la densidad de cotización y la capacidad de ahorro de cada individuo (Mesa-Lago, 2014). Por ejemplo, Chile implementó un sistema pionero tras la reforma de 1981, basado en este modelo, mientras que Suecia combina cuentas nocionales, que simulan capitalización ajustada por demografía, con capitalización financiera obligatoria.
Pilar 3: Ahorro voluntario individual
El tercer pilar corresponde al ahorro voluntario mediante instrumentos de previsión privados, tales como fondos de pensiones, planes de inversión o seguros de retiro. Puede ser tanto individual como promovido por el empleador (planes ocupacionales). Para incentivar la adhesión a este pilar, numerosos Estados desarrollan políticas fiscales favorables, como deducciones impositivas por aportaciones a planes privados de jubilación (Whitehouse, 2007).
Este componente ofrece mayor flexibilidad y puede complementar eficazmente a los otros pilares. No obstante, su alcance suele limitarse a las personas con mayor capacidad de ahorro, lo que genera desigualdades en la cobertura. Algunos países que se sostienen en este pilar son Países Bajos, Dinamarca, Islandia, Suecia y Canadá, cuyos sistemas son reconocidos por su combinación de pilares públicos y privados.
Pilar 4: Transferencias sociales no contributivas
El cuarto pilar integra programas asistenciales financiados con impuestos generales, orientados a personas sin historial laboral contributivo suficiente. Se trata de pensiones mínimas o transferencias focalizadas que buscan garantizar un nivel básico de ingresos en la vejez, cumpliendo así un rol de protección social frente a la exclusión. En España, encontramos las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación. En América Latina, programas como “Renta Dignidad” en Bolivia o “Pensión 65” en Perú.
Pilar 5: Otros apoyos en la vejez
Finalmente, el quinto pilar se refiere a mecanismos complementarios de bienestar social y económico que trascienden la dimensión estrictamente financiera de las pensiones. Incluye la propiedad de activos (principalmente vivienda), el apoyo familiar y comunitario, así como el acceso efectivo a servicios de salud y cuidados de larga duración. Este componente resulta esencial para entender la protección social de las personas mayores en un sentido integral, en la medida en que el bienestar en la vejez no depende exclusivamente del nivel de ingreso, sino también de factores sociales y de infraestructura (Holzmann & Hinz, 2005).
Reto de las pensiones: entre la solidaridad, la sostenibilidad y la responsabilidad individual
El modelo de pilares múltiples diseñado por el Banco Mundial constituye un marco analítico útil para comprender y comparar los sistemas de pensiones a nivel internacional. Su importancia radica en que reconoce que ningún pilar, por sí solo, resulta suficiente para afrontar los desafíos derivados del cambio demográfico, la desigualdad laboral y la sostenibilidad fiscal.
Cada país combina estos pilares según sus particularidades económicas, demográficas e institucionales. Mientras que Europa tiende a fortalecer los sistemas mixtos (Pilares 1 y 3), en América Latina las reformas hacia la capitalización individual (Pilar 2) han sido objeto de críticas por sus limitaciones en términos de cobertura y equidad, lo cual ha motivado recientemente procesos de reversión parcial o de rediseño.
En definitiva, la experiencia comparada pone de relieve que el reto de las pensiones exige una arquitectura equilibrada entre solidaridad, sostenibilidad y responsabilidad individual, con el fin de garantizar sistemas más inclusivos y resilientes ante los cambios sociales y económicos contemporáneos.