La Unión de Ahorro e Inversiones (SIU) promueve los planes de pensiones colectivos de empleo (Pilar II), los planes individuales (Pilar III) y las cuentas de ahorro e inversión (CAI) utilizando el mercado financiero para garantizar que el ahorro para la jubilación sea eficiente. Lo analizamos en el número 25 de Asesores Financieros EFPA.
Una de las vías más importantes para canalizar el ahorro hacia los mercados de capitales es el impulso de los planes de pensiones complementarios al sistema público de pensiones. Ese impulso no solo contribuiría a la sostenibilidad del sistema, sino también al desarrollo del mercado, canalizando recursos hacia la inversión productiva.
Según el Informe Draghi sobre el futuro de la competitividad europea, el escaso desarrollo de los sistemas de pensiones privados y de empleo es uno de los mayores frenos al crecimiento económico de la Unión Europea. En España, el ahorro acumulado en sistemas de pensiones privados apenas representa el 10,8% del PIB, frente al 32% de media en la Unión Europea, según datos de la OCDE e Inverco. Los fondos de pensiones de empleo apenas representan el 2,5% del PIB español.
Reforma estructural: modelo de pensiones
En un reciente informe de Bolsas y Mercados Españoles (BME) sobre el nuevo modelo de pensiones en España, se considera necesario acometer “una reforma estructural del sistema de pensiones complementarias, basada en la creación de un Pilar II robusto mediante esquemas de inscripción automática generalizada”.
Esta reforma, además de mejorar las pensiones, generaría un flujo de inversión que fortalecería el mercado de capitales. Se trata de crear una infraestructura estratégica de generación de capital a largo plazo que “ampliaría la base inversora institucional necesaria para financiar empresas, infraestructuras, innovación y transición energética”, en el marco de la Unión de Ahorros e Inversiones.
La financiarización del sistema de pensiones conecta el ahorro para la jubilación con los mercados financieros para impulsar la economía y asegurar una rentabilidad real capaz de batir la inflación, dejando atrás la simple garantía de capital nominal. Con el fin de lograr este objetivo, los proveedores deberían justificar que los costes son razonables en relación con la rentabilidad, de ahí que el foco de la regulación se desplace hacia el Value for Money, como ocurre en la Estrategia de Inversión Minorista (RIS). Asimismo, la planificación financiera del ciclo de vida aumenta la relevancia del asesor financiero.
Combinar pensiones públicas
El reto consiste en combinar las pensiones públicas con sistemas complementarios para la jubilación, movilizando el ahorro hacia la inversión. Se necesitan incentivos fiscales con procedimientos adecuados y flexibles. En el Reino Unido, desde la introducción de la adhesión automática (auto-enrolment) en 2012, la cobertura de los planes de pensiones de empleo ha pasado de la mitad de los trabajadores a situarse en torno al 80%.
La Recomendación de la Comisión sobre adhesión automática, adoptada como parte del paquete de pensiones de la SIU, aconseja la introducción del auto-enrolment en los regímenes complementarios, con posibilidad de baja voluntaria y de posterior reincorporación, así como reglas de portabilidad e incentivos fiscales para favorecer la participación. También propone la introducción de sistemas de seguimiento de las pensiones que permitan a los afiliados conocer sus derechos acumulados y sus futuros ingresos de jubilación procedentes de las pensiones públicas, de empleo e individuales.
El Consejo de la Unión Europea fijó el 26 de junio de 2026 su posición negociadora sobre la reforma de los fondos de pensiones de empleo, con el objetivo de hacerlos más eficientes y facilitar su inversión a largo plazo. Entre otras medidas, eleva el límite para invertir en acciones y bonos corporativos negociados en mercados regulados hasta el 100%. Además de ser instrumentos de previsión social, los fondos de pensiones de empleo se conciben como grandes inversores institucionales capaces de aportar capital a largo plazo a la economía europea.
Reforma del PEPP
El Producto Paneuropeo de Pensiones Individuales (PEPP) no ha cumplido con las expectativas. La propia Comisión Europea reconoce que su implantación ha sido residual. Solo se comercializa en cinco Estados miembros, con dos proveedores activos en toda la Unión. La Comisión atribuye su escasa implantación al coste y la complejidad de su diseño, al asesoramiento obligatorio, al límite de comisiones, a las diferencias fiscales entre los Estados miembros y a los retrasos nacionales en la aplicación de su Reglamento. El diagnóstico es debatido. Better Finance destaca las desventajas fiscales frente a los productos nacionales y BEUC cuestiona la necesidad de eliminar el límite de comisiones.
En el marco de la SIU, el Consejo de la Unión Europea ya ha adoptado una posición sobre la reforma del Reglamento del PEPP. Su visión pretende hacer del PEPP una opción “más atractiva, accesible y sencilla para los ahorradores”, eliminando requisitos y características de diseño que han obstaculizado su implantación. La posición del Consejo sitúa el PEPP Básico como una opción sencilla para la jubilación, con una estrategia de inversión de ciclo de vida.
Al menos el 95% de los activos del PEPP Básico, excluido el efectivo, deberá invertirse en instrumentos financieros cotizados y no complejos. Se permite destinar hasta un 5% a otros instrumentos financieros, incluidos los activos alternativos. El nuevo texto no exige que el PEPP Básico garantice la recuperación del capital invertido. La protección se articula mediante la estrategia de ciclo de vida y las técnicas de reducción del riesgo. La asignación de activos debe desplazarse gradualmente hacia inversiones líquidas, de alta calidad y de menor riesgo a medida que se aproxima la jubilación.
Para facilitar el PEPP básico
Para facilitar la comercialización del PEPP básico, se elimina el límite del 1% de costes y comisiones y deja de ser obligatorio prestar asesoramiento. El Consejo considera que ambas exigencias limitan la viabilidad comercial del PEPP. Luego, el PEPP Básico podrá distribuirse sin asesoramiento. Si se presta asesoramiento, deberá ser solicitado por el cliente y su coste deberá indicarse por separado. Por el contrario, EFPA y FECIF subrayan la importancia de mantener el asesoramiento obligatorio. Los asesores profesionales desempeñan un papel esencial en la movilización del ahorro a largo plazo.
En materia de costes, el Consejo cuestiona el Value for Money propuesto por la Comisión y lo sustituye por requisitos de gobernanza y supervisión del producto, en un desmarque respecto de RIS. Bajo este marco, los proveedores deberán cuantificar los costes y las comisiones y evaluar si están justificados, teniendo en cuenta la rentabilidad y los demás beneficios para sus destinatarios. A su vez, los distribuidores deberán realizar una evaluación equivalente de los costes adicionales de distribución. Las autoridades competentes podrán exigir medidas cuando los costes no estén justificados y resulten desproporcionados, o cuando el producto no responda a los objetivos de sus destinatarios.
Además, el registro público de EIOPA deberá incluir, para cada PEPP, los costes anuales, la rentabilidad histórica media y los indicadores resumidos de riesgo, lo que facilitará la comparación entre productos.