En el ecosistema financiero, los asesores solemos movernos entre métricas de rentabilidad, perfiles de riesgo y horizontes de inversión. Sin embargo, existe un elefante en la habitación que rara vez analizamos con la frialdad que merece: la Seguridad Social y el actual sistema de pensiones. No como una institución sagrada, sino como un producto financiero que, de ser vendido por una gestora privada, probablemente acabaría en los tribunales.
Miguel Anxo Bastos, profesor de Ciencia Política de la Universidade de Santiago de Compostela, cuenta en el webinar organizado por EFPA España que “nos enfrentamos a una arquitectura institucional que ha logrado el mayor truco de prestidigitación de la historia económica: transformar un impuesto puro y duro en una percepción de ahorro para la vejez”.
El pecado original: ¿seguro o tributo?
Para un asesor financiero, la definición de un activo es clara: hay una propiedad, una expectativa de retorno y un contrato subyacente. El sistema de pensiones español carece de los tres. Miguel Anxo Bastos recuerda el famoso pleito de los amish: “Este grupo religioso, que rechaza los seguros por principios teológicos pero acepta pagar impuestos, destapó la verdadera naturaleza del sistema. La justicia tuvo que ser tajante: la Seguridad Social no es un seguro, es un impuesto. Y esto no es una distinción semántica; es una distinción de propiedad”.
Cuando un cliente aporta a su plan de pensiones privado, está construyendo un patrimonio. Cuando cotiza, está pagando el gasto corriente del Estado. El vínculo entre lo que se aporta hoy y lo que se recibirá mañana es, en palabras de los textos analizados, “cada vez más tenue”: “Como asesores, nuestra labor es advertir que no existe un “derecho de propiedad” sobre la pensión futura, sino una expectativa política sujeta al arbitrio del gobernante de turno”.
La trampa de la retórica “Ponzi”
Es común escuchar que el sistema de reparto es un esquema piramidal tipo Ponzi. Sin embargo, hay una diferencia fundamental que hace que el sistema estatal sea mucho más resistente (y, por tanto, más peligroso para el ahorrador incauto): la coacción.
Charles Ponzi o Bernard Madoff dependían de la voluntad de nuevos inversores. En el momento en que el flujo de entrada cesaba, el castillo de naipes caía. El Estado, por el contrario, tiene el poder de obligar a participar, de incrementar las cotizaciones a voluntad y de retrasar la edad de cobro de forma unilateral.
Para un asesor, esta es la mayor “alerta de riesgo” imaginable. “Si el gestor de un fondo pudiera cambiar las reglas del rescate a mitad de la inversión (como ocurrió en las reformas de 2011 y 2013), usted recomendaría retirar el capital de inmediato. En el sistema público, el cliente no puede retirarse; está atrapado en un esquema donde el “gestor” (el Estado) decide cuándo y cuánto paga, pudiendo recortar un 35% de la prestación media sin que el contribuyente pueda reclamar ante ningún regulador”, explica el profesor titular de la Universidad de Santiago de Compostela.
El coste de oportunidad: el análisis de Bastos
Hay una variable que a menudo ignoramos en las planificaciones financieras: el coste de oportunidad.
El gasto récord previsto para 2025 (casi 190.000 millones de euros) no es solo una cifra macroeconómica. Es capital que se detrae de la inversión productiva. Cuando el Estado utiliza la emisión de deuda y las partidas presupuestarias para cubrir el déficit de la Seguridad Social, está canibalizando la formación de capital.
“Para el asesor financiero, esto significa un entorno de menor crecimiento potencial a largo plazo. Si el ahorro no se canaliza hacia la renovación tecnológica o infraestructural, sino a sostener un consumo presente (pensiones), la riqueza futura del país se debilita. Estamos quemando las semillas para hacer pan hoy”, señala Miguel Anxo Bastos.
La “hucha” de las pensiones: un ejercicio de contabilidad creativa
Uno de los puntos más creativos —y cínicos— del sistema es el Fondo de Reserva. Muchos clientes todavía creen que hay un cofre con dinero invertido en activos diversificados. La realidad es que ese fondo ha consistido mayoritariamente en títulos de deuda pública española.
Es decir, el Estado se debe dinero a sí mismo. Es el equivalente financiero a que un individuo guarde en su caja fuerte pagarés firmados por él mismo y los considere “ahorro”. “Si el Estado tiene problemas de solvencia, la hucha no es una garantía, es una vulnerabilidad añadida. El dinero ya ha sido gastado; lo que queda es un apunte contable que, en la práctica, es otra forma de deuda que no computa como tal hasta que se rompe la hucha”, comparte.
La legitimación del poder y la dependencia
El Estado se presenta como el “gran benefactor” que cuida de los ancianos, pero en realidad crea una red de dependencia vital.
Millones de personas dependen de que el Estado siga recaudando impuestos a tasas elevadas para que sus rentas sean satisfechas. Esto crea un incentivo perverso donde el ciudadano, lejos de exigir eficiencia y bajos impuestos, se convierte en cómplice de la voracidad fiscal para asegurar su propia supervivencia. “Como asesores, debemos entender que el sistema de pensiones no es solo un tema económico, es el ancla emocional que ata al ciudadano al Estado” señala Miguel Anxo Bastos.
Pensiones, la necesidad de una planificación autárquica
¿Cuál es nuestra misión ante este panorama? El mensaje para el cliente debe ser claro y libre de alarmismo innecesario, pero cargado de realismo:
- Diversificación del riesgo político: El sistema de pensiones público tiene un riesgo político del 100%. La única forma de mitigarlo es a través de la acumulación de activos privados, preferiblemente en jurisdicciones y vehículos que escapen al control directo del legislador nacional.
- Aceptación de la naturaleza impositiva: Debemos invitar al cliente a considerar su cotización como un gasto (un impuesto al trabajo), no como una inversión. Cualquier prestación que reciba en el futuro debe ser tratada como un “bonus” incierto, no como la base de su plan de retiro.
- Enfoque en el capital real: Siguiendo la estela de la Escuela Austríaca, la verdadera seguridad proviene de la propiedad de medios de producción y activos reales que generen valor, independientemente de la salud fiscal de un Estado que gasta más de lo que ingresa.
El sistema de reparto es, en efecto, el “impuesto perfecto”. Es invisible, es legitimador y es obligatorio. Miguel Anxo Bastos reitera que “nuestra labor como asesores no es cambiar el sistema, sino asegurar que nuestros clientes no sean víctimas de su propia confianza en un espejismo contable. La jubilación no será un derecho concedido por el BOE, sino un privilegio conquistado mediante el ahorro privado y la inversión inteligente”.