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Cuentas de ahorro e inversión (CAI), en busca de un incentivo fiscal pero dificultades para encontrarlo

Cual personaje de Pirandello en busca de autor, la futura cuenta europea de ahorro e inversión (CAI) busca, en España, un incentivo fiscal. Precisa ese mejor tratamiento tributario que le permita salir de la entelequia y convertirse en una realidad capaz de animar a las familias a dejar de mirar el depósito bancario como la opción mayoritaria para sus ahorros y empezar a convertirse en inversoras.

Convertir a ahorradores en inversores. Este es, en definitiva, el lema que resume el propósito de la Unión de Ahorro e Inversiones (SIU, por su sigla en inglés), una iniciativa de la Comisión Europea para avanzar en el mercado único en la UE. Su objetivo es movilizar el ahorro hacia inversiones productivas en Europa y ayudar a conseguir las metas de la Comisión Europea vinculadas a la transición energética y digital, a la autonomía estratégica (también, en defensa) y al logro de una economía más productiva y competitiva capaz de plantar cara a EE. UU. y China. 

La principal herramienta con la que Bruselas pretende avanzar en la Unión de Ahorro e Inversiones (SIU) es la Cuenta de Ahorro e Inversión (CAI, o SIA por su sigla en inglés). Se trata de un instrumento que, desde el punto de vista de la Comisión Europea, ya ha demostrado un potencial significativo en algunos Estados miembros —Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Eslovaquia y Suecia—y en otros países (Reino Unido o Canadá). Y Bruselas anima ahora a todos los Estados miembros a adoptarlo, bajo unas reglas comunes.

Recomendación de la UE de las CAI

Para ello, la Unión Europea emitió el pasado 30 de septiembre una Recomendación -a cuyo contenido se puede acceder desde la página web del Boletín Oficial del Estado (BOE)- que, tomando en cuenta las mejores prácticas existentes, describe las características clave que deberían tener las CAI para conseguir el objetivo de “alcanzar unas tasas de participación elevadas en todos los grupos de edad, desde los jóvenes hasta las personas mayores”. 

En general, las características descritas por la Comisión Europea incluyen “la facilidad de uso, de manera que resulten de fácil acceso y manejo, la flexibilidad en términos de inversión y desinversión, y la facilitación del cumplimiento de las obligaciones fiscales”, según apunta el texto de la Recomendación, que, como tal, carece de carácter vinculante. 

Un decálogo para la CAI

Las recomendaciones a los Estados miembros para la nueva cuenta se pueden resumir en este decálogo:

El asesor financiero tiene la llave

Existe una recomendación adicional y es la de que, “a menos que así lo exija específicamente la legislación de la UE, no debería imponerse a los titulares de CAI la obligación de recibir asesoramiento financiero cuando inviertan a través de dichas cuenta”. Sin embargo, esta última recomendación no impide que las futuras cuentas se perciban como una oportunidad muy importante para los asesores financieros, que podrán ver ampliada de forma sustancial su base de clientes.

Así al menos lo percibe Fernando Zunzunegui, coordinador legal de EFPA: “El asesor financiero será un elemento clave. El depositante es un ahorrador muy conservador. Tiene cautelas para invertir, pues desconoce los riegos. Que la Cuenta de Ahorro e Inversión tenga éxito dependerá de la confianza y la seguridad que genere, y eso es lo que ofrece el asesor financiero. Sin la compañía de un profesional cualificado es posible que no tenga éxito. La llave la tienen los asesores”, resuelve.

CAI: todo “está muy verde”

De momento, en todo caso, todo está a la espera del impulso que cada Estado miembro imprima a su particular Cuenta de Ahorro e Inversión, dentro de los amplios márgenes que permite la Recomendación de la Comisión Europea. Y en España, esto “está muy verde”, según resumen de forma gráfica fuentes conocedoras del proceso. 

El Ministerio de Economía se dispone a elaborar un proyecto de ley para diseñar una CAI con incentivos fiscales. Y eso se abordará después de haber recogido las opiniones del sector financiero y de los agentes afectados en un proceso de consulta pública que, al cierre de esta edición, se pretendía lanzar a lo largo de diciembre, según fuentes del departamento que dirige Carlos Cuerpo.

Etiqueta Finance Europe

El ministro de Economía se ha mostrado como un firme impulsor de esta iniciativa en el marco de la Unión Europea. No en vano, el pasado mes de junio promovió y firmó, junto con su homólogo francés, un proyecto dirigido a la puesta en marcha de la llamada etiqueta ‘Finance Europe’ para productos financieros, a la que se adhirieron Alemania, Países Bajos, Portugal, Luxemburgo y Estonia. 

Se acordó que para poder obtener esta etiqueta y el correspondiente incentivo fiscal que decida cada Estado miembro, el producto financiero en cuestión debería cumplir tres criterios: que, al menos el 70% de los activos estén invertidos en empresas europeas; un horizonte mínimo de inversión de 5 años; y una parte sustancial invertida en renta variable. “Tenemos que poner también incentivos fiscales. Por lo menos garantizar que las condiciones fiscales sean iguales a los productos que tienen un mejor trato en cada uno de los países”, dijo entonces Cuerpo, en París.

La etiqueta ‘Finance Europe’ no es lo mismo que la Cuenta de Ahorro e Inversión que intenta promover la Comisión Europea. Pero se presenta como un quick win, como un atajo (dentro del llamado Laboratorio Europeo de Competitividad), como una estrategia rápida que permita ir rompiendo el hielo con la avanzadilla de un grupo de países para intentar lograr un objetivo similar: movilizar el ahorro de los ciudadanos hacia proyecto que impulsen la economía europea. 

A falta de conocer los criterios que el Ministerio de Economía llevará al proyecto de ley para crear e impulsar las CAI en España, las tres condiciones impulsadas por el propio ministro Cuerpo para la etiqueta Finance Europe aportan una pista sobre las intenciones del Gobierno.

Portazo de Sumar

Una y otra iniciativa (CAI y etiqueta Finance Europe) comparten la misma traba: que cada Estado diseñe un incentivo fiscal atractivo.

En España, el Ministerio de Economía ha iniciado ya conversaciones, aún infructuosas, con el de Hacienda, que dirige María Jesús Montero. El Gobierno es consciente de la dificultad de diseñar un incentivo fiscal al ahorro que logre el apoyo suficiente de sus socios parlamentarios durante la tramitación del proyecto de ley en Las Cortes. 

Algún socio no lo ve nada claro. “En absoluto, para nada”, responde Carlos Martín Urriza, portavoz de Economía y Hacienda del Grupo Parlamentario Sumar, al ser preguntado sobre la posibilidad de introducir un incentivo fiscal para la CAI. Desde Sumar no se comparte el propósito de animar a los ahorradores a invertir para financiar la economía europea. Su modelo es otro: “Toda la vida se han dado créditos para movilizar la economía. ¿Por qué no seguir haciéndolo? Los bancos deben remunerar los depósitos tomando como referencia el euríbor, igual que sucede en los créditos. Con esos depósitos, la banca concede créditos al sector privado. Y el sector público puede contribuir a redirigir esos créditos hacia las prioridades estratégicas que se definan”.

La fiscalidad es la clave

En el diseño de un incentivo fiscal atractivo, reside la clave del ‘ser o no ser’ de la CAI. También, en una acción decidida de educación financiera y de divulgación clara sobre las ventajas y los riesgos de invertir. 

“Tiene que haber un aliciente fiscal adicional para que verdaderamente haya un cambio de comportamiento en las personas, para que se vean incentivos a  invertir y que eso revierta en los mercados financieros”, resuelve el presidente de Inverco, Ángel Martínez Aldama. Y es una opinión compartida por todas las fuentes consultadas.

“Sin la adopción de una fiscalidad significativa, es poco probable que este proyecto tenga un impacto relevante en el comportamiento de ahorro de los inversores europeos”, se subraya desde la patronal bancaria AEB, que preside Alejandra Kindelán. Y se añade más: “El régimen fiscal debe, asimismo, ser voluntario para los inversores y promover nuevos flujos de inversión que se sumen a los ya existentes, para lo que resulta necesario no empeorar los regímenes fiscales aplicables actualmente a los productos ya existentes”. 

En busca de incentivos para las CAI

En esta advertencia incide Sara Gutiérrez Campiña, socia cofundadora de Finreg 360: “El riesgo, para la industria financiera, es que se acabara con el beneficio fiscal de los fondos de inversión. Ese es el miedo que tiene la industria. Tendría un impacto brutal para ella”. 

El contribuyente titular de un fondo de inversión está exento de tributar cuando se mueve el dinero de un activo a otro o de un fondo a otro. Sí se tributa en el momento del reembolso, con cargo a la escala reducida para los rendimientos de capital (más suave que la que se aplica a los rendimientos del trabajo). ¿Sería un incentivo suficiente para las CAI adoptar el tratamiento fiscal de los fondos de inversión? “Yo creo que sí”, contesta Sara Gutiérrez. “Un modelo parecido al diferimiento fiscal que rige en los fondos de inversión tendría que ser exitoso, siempre que las entidades también puedan ganar dinero”. 

Diferentes alternativas

El diferimiento fiscal es una de las cuatro opciones que recomienda la Comisión Europea para dotar de un trato fiscal ventajoso a las Cuentas de Ahorro e Inversión. También apunta la posibilidad de deducciones en la base imponible del impuesto sobre la renta (IRPF) sobre importe invertido; de eximir de tributación los rendimientos generados; o de aplicar un tipo impositivo ventajoso a los ingresos generados o al valor de los activos. 

En el proceso de consultas previo a la publicación de la Recomendación de la Comisión Europea, la CNMV llegó a proponer un ejemplo de fiscalidad ventajosa para las CAI: una exención fiscal total a los rendimientos y plusvalías asociadas a las inversiones que se realicen, hasta un cierto importe (que podría modularse en cada país, si bien el ejemplo apunta una cuantía de 30.000 euros), aplicable sólo a las nuevas entradas de inversión que se produzcan en la CAI.

De un modo u otro, Bruselas recomienda que las CAI “reciban al menos el tratamiento fiscal más ventajoso” existente en cada Estado miembro para cualquier activo financiero.

En España, esta expresión conduce a tres posibles puertos: a los planes de pensiones (con deducciones de hasta 1.500 euros en la base imponible y de hasta 8.500 en planes de empresa), a los fondos de inversión (diferimiento y tarifa reducida), y a los planes individuales de ahorro sistemático (los PIAS permiten la exención sobre los rendimientos y una fiscalidad reducida de las renta vitalicia bajo determinadas condiciones).

La industria financiera, preparada

A la espera del diseño final de la CAI (o de un incentivo fiscal para la etiqueta Finance Europe), la industria financiera española sí parece estar preparada para el reto.

Desde el punto de vista del presidente de Inverco, Ángel Martínez Aldama, el potencial de las CAI para España “es casi infinito”. Martínez Aldama hace sus cuentas: en España hay 1,13 billones de euros en efectivo y depósitos (el 34% de sus activos financieros), solo con que un 20% o un 30% de ello se desplazara a las CAI, ya sería una cantidad muy importante. Pero hay más: los datos del sector muestran que el 40% de la inversión de los fondos de pensiones se queda en España, así como el 25% de la de los fondos de inversión. “Si estamos hablando de que 200.000 o 300.000 millones de ahorro de los españoles fueran a estas cuentas y de que un 30% se quedara en España, eso sería muy importante”, valora el presidente de Inverco.

Desde la asociación bancaria CECA se apunta que, en espera del diseño final de la CAI, la industria financiera española sí parece estar preparada para el producto, especialmente si se articulan ventajas fiscales. En todo caso, se subraya la importancia de una buena comunicación para que los ciudadanos sean conscientes de los posibles riesgos asociados.

Más preguntas…

Esta última cuestión es crucial. Por ejemplo ¿se puede llamar cuenta a algo que puede tener pérdidas?, se preguntan en el sector financiero. En este sentido, aunque la Recomendación de la Comisión Europea apunta que “no debería imponerse a los titulares de CAI la obligación de recibir asesoramiento financiero cuando inviertan a través de dichas cuenta”, algunas de las fuentes consultadas llaman la atención sobre la conveniencia de extender a la futura cuenta de ahorro e inversión el paraguas de la normativa MiFID II para que pueda llegar al inversor final después de un adecuado asesoramiento. Si los productos que puede incluir la CAI (fondos de inversión, seguros…) están sujetos a la normativa MiFID II, ¿cómo no va a estarlo la propia cuenta?, se preguntan estas fuentes financieras.

La presidenta de la patronal UNESPA, Mirenchu del Valle, está convencida de que la industria del seguro “tiene mucho que aportar” a las cuentas de ahorro de ahorro e inversión. “De hecho, la experiencia sueca -que es, por cierto la que inspira las CAI- demuestra que el 36% del ahorro gestionado por las cuentas ISK (nombre que adopta la cuenta sueca), se hace a través del Endowment Insurance, es decir, de un producto a cargo de las aseguradoras. Y aquí, igual que en la etiqueta ‘Finance Europe’, las aseguradoras pueden jugar un papel relevante”, expresó Del Valle en una reciente intervención pública. 

“Establecer incentivos fiscales atractivos es clave para el éxito de la iniciativa”, remachó la presidenta de UNESPA, apuntando así al dilema que, cual personaje de Pirandello en busca de autor, envuelve a una Cuenta de Ahorro e Inversión en búsqueda de un empujón fiscal que le permita entrar en escena.

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